ROMA.- “Lo último que muere es la esperanza”, dice Libero Milone, exrevisor del Vaticano que aunque ya no cree en el sistema judicial de la Santa Sede-que dos veces rechazó su pedido de indemnización con un argumento “ridículo”-, no baja los brazos. Y ahora reclama poder reunirse con el papa León XIV. No solo porque cree que él, siendo el pontífice, un monarca absoluto, podría resolver su caso -una pesadilla legal que se arrastra desde hace varios años-, sino también porque quiere advertirle que, más allá de los intentos del papa Francisco de hacer limpieza en las finanzas, en el Vaticano sigue existiendo un pequeño grupo de poder que controla las cosas y opera en forma turbia por sus propios intereses, a través de mecanismos invisibles.
“Quiero reunirme con el Papa porque creo que la única manera de resolver esto es que me escuche y que yo le cuente lo sucedido y conozca los detalles, porque hay demasiada gente que le ocultará la verdad, como le ocultaron a Francisco”, dijo Milone a un grupo de periodistas de distintos medios, entre ellos, LA NACION, en el despacho de su abogado de la Via Monte Parioli. La reunión ocurrió este miércoles, una semana después de que la corte de Apelación del Vaticano rechazara su demanda de resarcimiento por un despido forzado que manchó su buena reputación y le impidió volver a trabajar.
El caso Milone -hasta ahora irresuelto y otro fiel reflejo de las intrigas estilo Dan Brown que reinan en el Vaticano- estalló en junio de 2017, cuando el primer revisor general de la historia de la Santa Sede, experto contable con vasta experiencia internacional y currículum intachable designado por Francisco en 2015, fue obligado a renunciar por la que él llama “la vieja guardia” del Vaticano.
Con una carrera que lo llevó a ser director mundial de recursos humanos de Deloitte & Touche, experto contable reconocido en todo el mundo, que trabajó en otras grandes empresas como Wind, Fiat, Telecom, entre otras, Milone, de 76 años, fue entonces maltratado, según denuncia.
Pese a que su mandato era de cinco años, dependía directamente del Papa y tenía todos los poderes para investigar en forma independiente balances y cuentas, cuando comenzó a descubrir irregularidades, anomalías, fue bloqueado. Le cortaron el acceso al papa Francisco y, de un día para el otro y bajo amenazas, el 19 de junio de 2017 fue obligado a dimitir por el cuestionado cardenal Angelo Becciu -en ese momento, poderoso sustituto de la Secretaría de Estado- y el entonces jefe de la Gendarmería, Domenico Giani. Ambos, luego defenestrados por Francisco (Becciu incluso fue condenado por corrupción en primer grado en diciembre de 2023), entonces acusaron a Milone de espionaje y hasta prepararon un documento en su contra que hasta ahora nadie pudo ver.
“Yo no soy una espía, sino un revisor que lo único que hizo fue hacer su trabajo, bien. Me acusan de algo que no hice, sino simplemente acepté una misión para hacer algo bueno por mi Iglesia, intentando remediar ciertas anomalías contables que prevalecían en el Vaticano desde hacía tiempo”, asegura Milone, que recuerda que poco después de asumir su función esas mismas fuerzas que querían que no revisara las cuentas de la Santa Sede, le violaron el despacho y su computadora.
“Siempre es normal que haya resistencia cuando uno rompe el statu quo”, admite Milone, que más allá de sus cuarenta años de experiencia, reconoce que nunca llegó a ver lo que vio en las cuentas y finanzas del Vaticano. De hecho, enseguida comenzó a comprender que jamás se habían aplicado las reglas más básicas de control y transparencia, sino que reinaba una “deliberada desorganización”.
Un contexto tan alejado de la ética que comparó con Rebelión en la granja, el famoso libro de George Orwell. “Es el ejemplo perfecto para describir nuestro caso. En el libro los cerdos representan el poder y la avaricia que conduce a la corrupción. En el Vaticano, hay poder, avaricia y corrupción. En septiembre de 2017, dos meses después de mi salida, dije que había un pequeño grupo que controla el Vaticano y no le interesa que las cosas se hagan bien”, apunta.
Junto al fallecido cardenal australiano George Pell, designado por Francisco como el primer prefecto de la Secretaría para la Economía (que debió dejar su cargo para enfrentar un juicio en Australia por pedofilia del que resultó al final inocente), Milone encontró enormes resistencias.
“Evidentemente ese grupo de poder, esa vieja guardia, decidió echarnos a Pell y a mí porque comenzamos a detectar anomalías, irregularidades sobre fondos ocultos en el exterior, incluso inversiones en Londres y hasta mecanismos que encubrían actividades invisibles”, denuncia. “Hice en ese momento las correspondientes señalaciones, al menos quince, a quienes debían investigar, que eran el promotor de justicia y la autoridad de investigación financiera (AIF), porque esa era mi función como revisor, pero no pasó nada, no tenían ningún interés”, lamenta.
Milone, que en octubre presentará por tercera y última vez su demanda de indemnización ante la Corte de Casación del Vaticano -última instancia de justicia en esta ciudad-estado-, no oculta su escepticismo. Tanto en el primer como en el segundo grado, los jueces vaticanos desestimaron su caso sin entrar en la materia, con un argumento para él “absurdo”: las sentencias dictaminaron que no debían de haber demandado a la Secretaría de Estado, sino directamente al cardenal Becciu y a Giani “porque actuaron como privados”.
“Es ridículo porque es evidente que existe una responsabilidad indirecta de la Secretaría de Estado y es evidente que están tratando de protegerse y que no quieren resolver la cuestión”, sostiene el exrevisor.
Su abogado, Giovanni Merla, destaca, además, algo inaudito: durante la Apelación, la corte les exigió eliminar pruebas y testigos de su acto defensivo, que quedó reducido a la mitad, “violando el derecho a la defensa de modo increíble”.
“¿Cómo se puede probar un hecho si no se tienen en cuenta las pruebas documentales, si los testigos no pueden hablar, se les silencia la boca? ¿En qué sistema es posible algo así? Y más aún, ¿cómo es posible que todo esto ocurra en un tribunal de un Estado, el de la Ciudad del Vaticano, que es un Estado basado en el Evangelio y que, por lo tanto, antes que cualquier otro Estado, debería tener en cuenta el respeto de los derechos fundamentales de la persona?”, se pregunta.
“Hay una disposición de la ley fundamental del Estado de la Ciudad del Vaticano que dice que el Papa en cualquier nivel de un juicio puede hacerse cargo de la situación, nombrar una especie de árbitro, un tercero que juzgue el asunto y luego lo resuelva. Sería apropiado que el Papa intervenga porque tenemos razones para creer que incluso en la Casación no encontraremos terreno fértil para sustentar nuestras razones, porque nos impiden probar lo que sostenemos”, indica el letrado.
“Por eso auspiciamos que intervenga el Papa, que podría nombrar un jurista externo, un árbitro y resolver el tema, sin contar que queremos ayudarlo a que sepa qué aún existe ese grupo de poder”, asegura Milone.
El exrevisor contó que, en verdad, hubiera preferido no entablar esta batalla judicial y, justamente por eso, se reunió más de quince veces con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado y en su momento jefe del cardenal Becciu, en un convento -no en el Vaticano- para llegar a un arreglo extrajudicial. Pero tampoco pasó nada. Por eso ahora lo que reclama es una audiencia con León XIV, su última esperanza de obtener justicia y de ayudar a la Iglesia católica.