Semanas atrás el gobernador Raúl Jalil abrió la polémica al anunciar el envío a la legislatura provincial de un proyecto de ley que apunta a incentivar económicamente a las parejas que tengan hijos, ante la caída sostenida de los nacimientos en la provincia. El primer mandatario no dio mucho más detalles, sólo que el beneficio durará cuatro años.
Este breve adelanto fue suficiente para que resurjan debates, cuestionamientos y posturas sobre la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), los programas de salud reproductiva, etcétera, llegando a responsabilizarlos por la baja de nacimientos en la provincia.
Sin embargo, el tema fue dejado de lado a los pocos días y no hubo más información acerca del ingreso formal ni del tratamiento del proyecto, tampoco se conocieron las posibles posturas de los legisladores.
Luciano Román publicó en La Nación que este tema “no figura en la agenda de la política y ocupa un lugar muy marginal en la conversación pública”, indicando que visto desde lejos parece sólo un fenómeno demográfico, pero implica una revolución de dimensiones enormes, con impacto en las familias, la economía, la educación, el empleo y un largo etcétera.
“¿Es una tendencia alarmante o nos abre una oportunidad? ¿Refleja una mayor responsabilidad o, por el contrario, una menor inclinación al compromiso? ¿Permitirá mejorar los servicios públicos esenciales, a partir de una menor demanda, u ocurrirá lo contrario por la reducción de los universos de contribuyentes y de recursos profesionales? Son preguntas que insinúan la complejidad de un fenómeno en el que se mezclan causas y consecuencias muy heterogéneas, y también aspectos que pueden ser positivos con otros que podrían resultar negativos o, por lo menos, inquietantes”, plantea Román.
Si bien se trata de una tendencia mundial y conocer sus causas puede resultar emocionante para intelectuales, analistas e investigadores, a nivel provincial no existen políticas estatales que prevean las posibles consecuencias que este fenómeno tendrá en, por ejemplo, el sistema previsional y el educativo.
En este sentido, las estadísticas indican que en cinco años la matricula estudiantil caerá drásticamente y no existe una readecuación del sistema actual o nuevos modelos que tengan en cuenta los cursos que en algunos años tendrán muchos menos alumnos. Por ejemplo, para la ONG Argentinos por la Educación esto puede significar una gran oportunidad para mejorar la calidad educativa, que en las últimas evaluaciones dieron resultados más que preocupantes.
En cuanto al sistema previsional, Luciano Román advierte en su opinión que “se estima que en 2030, dentro de apenas cinco años, la Argentina perderá lo que se llama el “bono demográfico”: esto significa que dejará de tener mayor número de personas laboralmente activas y pasarán a ser mayoría los adultos mayores dependientes. ¿Se está analizando el impacto que esto va a tener en los sistemas de jubilación y pensión?”.
Además, señala que se debilitará la red de cuidado y contención de adultos mayores por el crecimiento de la demanda sobre los servicios de salud, lo que tampoco estaría previsto en las políticas sanitarias provinciales.
Las advertencias sobre el sistema educativo, el previsional y sanitario son algunos de los desequilibrios que plantea esta tendencia y sin embargo no parecen ser suficientes para alcanzar una centralidad en la agenda pública.
En este contexto, el proyecto anunciado por el gobernador Raúl Jalil es el primero, o uno de los primeros, a nivel nacional que busca intentar revertir esta tendencia en una provincia. El debate sobre el incentivo estatal para que las familias tengan más hijos apenas intentó instalarse, pero ya se paga en países de Asia y Europa, y se analiza, junto con otros ítems relacionado con lo laboral, implementarse en Estados Unidos, entre otros.
Hogares sin hijos
El censo de 2022 indica que el porcentaje de hogares sin hijos trepó al 57% en todo el país. Una tendencia que se da a nivel mundial y enciende las alarmas en las principales potencias.