El gobierno viene atravesando una serie de complicaciones en varios campos, y uno de ellos es el económico. Con el tipo de cambio en tensión y con pocos dólares disponibles, Milei recurre, nuevamente, al endeudamiento con organismos internacionales. En paralelo, el FMI expresa una nueva señal de preocupación sobre el estado de las reservas.
A través de tres decretos firmados por el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, se autorizó la contratación de tres nuevos préstamos por un total de US$1.500 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM).
Los créditos se suman a otro préstamo de US$230 millones aprobado horas antes con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF, parte del Grupo BM), destinado a programas de empleo y formación laboral.
Por otro lado, en el marco de la elaboración del Reporte sobre el Sector Externo, el Fondo Monetario manifestó su preocupación por el nivel de las reservas netas del Banco Central. Este tema aún se encuentra a la espera de la aprobación del directorio del organismo.
Los préstamos del BID y el Banco Mundial
La gestión libertaria, acorralada por un contexto económicamente complicado, busca nuevas alternativas para sortear este momento. Una vez más, Caputo recurre a una de sus recetas favoritas: el incremento del endeudamiento externo. En esta ocasión, con los decretos 488/2025, 489/2025 y 490/2025, el gobierno busca recibir una nueva partida de divisas, bajo las condiciones que imponen el BID y el BM. Además de las reformas estructurales exigidas por el FMI, ahora se suman las de estos organismos de crédito.
El más voluminoso de los préstamos es un acuerdo con el BID por US$800 millones, enmarcado en el “Programa de Fortalecimiento de la Política Fiscal II“. De acuerdo con lo que señala el decreto, el préstamo apunta a “incrementar la eficiencia del sistema tributario” e “incrementar la eficiencia del gasto público“. Dos objetivos claros para intentar consolidar el ajuste estructural que viene implementando la administración de Milei. A su vez, estos recursos serán administrados por el Ministerio de Economía.
En segundo lugar, el Gobierno suscribirá un crédito de US$400 millones, también con el BID, para financiar el “Programa de Apoyo a Reformas Regulatorias para la Competitividad“. Según consta en el decreto, el objetivo es “i) reducir los costos de cumplimiento regulatorio de las empresas con el Estado; ii) reducir la participación de empresas públicas nacionales en la economía; y iii) incrementar la eficiencia de las operaciones de comercio exterior“, tareas que estarán a cargo de la Secretaría de Finanzas. Casi en sintonía con lo implementado por el ministro de Desregulación, el contenido programático de este préstamo buscará facilitar, aún más, el negocio a un sector del empresariado. Por un lado, propone el reemplazo de empresas públicas por privadas; y por el otro, avanzar en la desregulación del comercio exterior para agilizar las operaciones de importación.
Por último, se aprobó un tercer financiamiento con el Banco Mundial por US$300 millones, dirigido a modernizar la administración tributaria. El plan busca mejorar la recaudación y la transparencia fiscal, con la intervención de ARCA y la Secretaría de Hacienda.
Casi como un complemento a lo exigido por el FMI, a costa de absorber nuevos fondos, la administración libertaria vuelve a atar el futuro de la mayoría de los trabajadores a una serie de reformas estructurales que se traducirán en una profundización del ajuste.
La advertencia del FMI
Al día siguiente de la firma de estos decretos, el Fondo vuelve a aparecer en escena. En esta ocasión, aún sin conocerse los resultados de la última revisión, insiste en la crítica situación de las reservas del país.
En el marco del Reporte sobre el Sector Externo, elaborado por el FMI, se volvió a advertir sobre las debilidades de la posición argentina. Si bien el organismo, liderado por Kristalina Georgieva, felicitó a Milei por el ajuste aplicado desde su llegada al gobierno, también reconoció que “las reservas internacionales netas siguen siendo críticamente bajas y los spreads de la deuda soberana, aunque han disminuido drásticamente, siguen siendo elevados“.
A la espera de un visto bueno por parte del directorio del organismo para conseguir un nuevo desembolso de US$2.000 millones (según estimaciones de consultoras privadas), el nivel actual de reservas apenas alcanza para cumplir con los requerimientos del Fondo Monetario Internacional.
La salida no es con ninguno de estos organismos
Estas noticias llegan en medio de un escenario económico complejo, en el que, en las últimas semanas, el gobierno ha tenido que maniobrar para mantener su arquitectura en pie.
Frente a las presiones cambiarias, Caputo implementó bonos con tasas insostenibles para ganar tiempo y mantener la calma en el mercado de divisas de aquí a las elecciones. A esto se suma la catarata de préstamos con el fin de acumular dólares, pero condicionados a las reformas exigidas por estos organismos.
Casi en paralelo, y como un recordatorio de las dificultades que enfrenta el gobierno, el Fondo vuelve a destacar la urgencia de resolver el problema de las reservas.
Mientras el país permanezca bajo la influencia de estos organismos, el endeudamiento externo seguirá en ascenso, junto con sus consecuencias sociales. Es imperativo romper toda negociación con estas entidades y repudiar la deuda contraída con ellas. Seguir las políticas del gobierno, el FMI y ahora también las exigencias del BID y el BM solo agravará los problemas de las mayorías trabajadoras.