El Gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), suspendió o dio de baja más del 60% de las pensiones por discapacidad laboral, como resultado de una serie de auditorías médicas obligatorias. La medida afecta a 80.080 beneficiarios y representa un ahorro mensual de $23.143.120.000, según informaron.
Según el informe oficial de ANDIS:
- A 65.230 personas se les suspendió el beneficio por detectar irregularidades.
- 8.207 beneficiarios renunciaron voluntariamente para evitar un eventual juicio, ya que no cumplían los requisitos.
- Otras 6.643 bajas se dieron porque los titulares habían fallecido, pero un familiar seguía cobrando la transferencia social.
Las principales causas de suspensión incluyen el incumplimiento de requisitos legales y la falta de asistencia a las auditorías sin justificación. En caso de no regularizar la situación, las suspensiones podrían convertirse en bajas definitivas.
Las auditorías alcanzan a quienes reciben la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, otorgada bajo la ley 13.478 y el decreto 432/97, con sus modificaciones. Desde ANDIS aclararon que la medida no incluye a menores de edad ni a personas ya auditadas durante 2024.
Los controles médicos son realizados por profesionales del PAMI y personal de la Agencia Nacional de Discapacidad. Los beneficiarios son notificados mediante carta documento, con fecha y lugar de presentación. Si no asisten, se emite una segunda intimación y, de persistir la inasistencia, se procede a la suspensión del beneficio. En esa instancia, también se notifica en el banco que el pago será interrumpido hasta tanto se contacte a ANDIS para reprogramar la revisión médica.
Durante la auditoría es obligatorio presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI), el Certificado Único de Discapacidad (CUD) —si lo posee— y la documentación médica que justifique el otorgamiento de la pensión.
Por otra parte, se dispuso una prórroga de un año durante 2025 para los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) que tienen fecha de actualización original en este año. La medida no aplica a los CUD prorrogados en años anteriores (2022 a 2024), los cuales deberán renovarse durante el 2025 según el cronograma habitual.