El diputado José Glinski cuestionó los decretos delegados del Gobierno que modificaron la estructura de las fuerzas de seguridad federales y aseguró que exceden las facultades otorgadas por el Congreso al presidente Javier Milei. Según advirtió, las reformas apuntan a “contener, amedrentar y reprimir a las disidencias”. “La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no tiene ningún apego por la Constitución ni por las leyes”, afirmó en diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).
José Glinski es diputado nacional de Unión por la Patria por la provincia de Chubut. Se desempeñó como jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria entre 2020 y 2023, y fue ministro de Seguridad de su provincia entre 2014 y 2015. Junto a su bloque plantea derogar el decreto que trae cambios y que otorga nuevas facultades a las fuerzas de seguridad: Gendarmería, la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Considera, que ese decreto es ilegal, ilegítimo y que promueve una persecución y el espionaje de los ciudadanos.
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Elizabeth Peger: Están planteando un rechazo a los decretos del Poder Ejecutivo en los que se dispusieron estos cambios y mayores atribuciones a las fuerzas de seguridad. ¿Cuál es su argumento y qué chances efectivas tienen de poder llevar esta discusión al recinto?
Hay dos dimensiones distintas para argumentar nuestro rechazo. La primera tiene que ver con la legitimidad y la legalidad de los decretos que reforman las cuatro fuerzas federales de la República Argentina. Lo que nosotros decimos es que esas reformas no pueden hacerse bajo el amparo de las facultades delegadas de la Ley Bases, tal cual lo indican los considerandos de las leyes, que dicen que el Poder Ejecutivo puede hacer esta reforma porque los legisladores le dimos las facultades especiales al Presidente. Falso, eso no es así. Cuando discutimos la Ley Bases, nosotros pusimos de manifiesto que quitábamos la emergencia en seguridad. Es decir, las facultades delegadas quedaron estrictamente restringidas para hacer algunas modificaciones de carácter administrativo y reorganizacional, que no es lo que hacen estos cuatro decretos. Se meten de fondo ya en nuevas atribuciones y competencias. Por lo tanto, creemos que esos cuatro decretos exceden por mucho las facultades que se le dieron al Presidente.
EP: ¿Eso requeriría una ley?
Lo que decimos es que las modificaciones de las fuerzas de seguridad se tienen que tratar en el Congreso y tienen que salir por ley. Respecto del contenido de cada una de esas reformas, si bien no tenemos una posición única dentro de nuestro espacio político, estamos convencidos de que son discusiones pertinentes. No es que no haya que hacer ninguna reforma en las fuerzas de seguridad federales. Por el contrario, me parece que la Policía Federal hace muchísimos años, sobre todo desde que perdió competencias en la Ciudad de Buenos Aires, tiene que ser reformada. Y hay bastante consenso en todo el amplio espectro político respecto de que la Federal se tiene que convertir principalmente en una agencia de investigaciones. Hay proyectos de muchos espacios políticos que van en ese sentido.
Lo que también nos preocupa sobre el contenido es que ha habido un cambio de paradigma en materia de seguridad en la Argentina. Ha roto de alguna manera los consensos democráticos que veían a la seguridad como un tema de seguridad ciudadana. Seguridad pública o ciudadana son los conceptos que son absorbidos de los foros internacionales. En el cambio de la denominación del ministerio, que se llama Ministerio de Seguridad Nacional, se puede ver que el enfoque que le están dando desde el gobierno de Javier Milei y de la ministra Patricia Bullrich tiene más que ver con una idea de seguridad del Estado.
Si uno ve la performance de las fuerzas de seguridad y dónde están puestos los esfuerzos, se da cuenta de que toda la política criminal no está apuntada a combatir organizaciones criminales, el crimen transnacional, el narcotráfico, la trata de personas o el contrabando, sino que está dedicada a contener, amedrentar y reprimir a las disidencias que se pueden manifestar en el espacio público, en las redes sociales o en cualquier otro ámbito. Si uno ve el esfuerzo económico, presupuestario y de disposición de personal, se torna evidente cada miércoles, cuando se dispone a las fuerzas de seguridad para reprimir a jubilados. También se puede ver, con algo más de preocupación, en lo que ha sido la actitud del ministerio en la detención de manifestantes en este año y medio. El día que se discutió la Ley Bases creo que fue el que quizás quedó más marcado, con detenciones absolutamente ilegales y arbitrarias.
Ante esa situación, independientemente de lo que diga la letra muerta de una norma, lo que notamos es que el Poder Ejecutivo toma atribuciones que son inconstitucionales y que atentan contra los derechos de los ciudadanos de manifestarse y expresar una posición política distinta a la del Gobierno. Por eso es que creemos que hay que discutir esto en el Congreso, porque muchos de nosotros estamos de acuerdo con que hay que reformar esas leyes y que la orientación general podría estar bien, pero conocemos a los actores involucrados. Sabemos que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, siempre se extralimita, se pasa un pueblo y no tiene ningún apego por la Constitución ni las leyes.
Claudio Mardones: No perdemos de vista que, aparte, usted es vicepresidente primero de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de los Organismos de Seguridad Interior. En el marco de esa bicameral en donde hubo invitados del Gobierno Nacional defendiendo los decretos. Su compañero de bancada, Germán Martínez, advirtió que, a partir de estos cambios se dejaba a la intemperie a los efectivos y a la oficialidad. Ante la posibilidad de que estos decretos cayeran o que fueran recurridos en la Justicia, los principales afectados iban a ser los oficiales y quienes aplicaran esas medidas. ¿Es una posibilidad que puedan afrontar consecuencias penales a partir de que estos decretos puedan ser recurridos ante la Justicia?
Es muy pertinente la observación que hacés, como fue muy pertinente la intervención del presidente del bloque de diputados, Germán Martínez. Yo no tengo ninguna duda de que la conducción política de Patricia Bullrich lleva a los trabajadores y trabajadoras de las fuerzas de seguridad a situaciones de absoluto desamparo. Uno lo va a ver ahora con el caso del gendarme que le disparó a Pablo Grillo, pero lo podemos ver en el caso Maldonado, en el caso Rafael Nahuel o en el caso Chocobar. Hay muchísimos antecedentes por los cuales uno ve que la línea política de Bullrich trae como consecuencia la vulnerabilidad de los trabajadores y trabajadoras de las fuerzas policiales, oficiales y suboficiales, que, ante una determinada directiva, actúan y luego se tienen que enfrentar a la Justicia con escasísimos recursos para poder defenderse de cosas que hacen porque se los pide la política.
Y en términos más concretos respecto a lo que señalaba Martínez, están dejando a tiro de un rechazo, como el que puede pasar ahora, toda la reforma de las policías. Además de haber sido jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, soy empleado de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y participé de los procesos de su creación. No tanto en su primer comienzo, en 2006, pero en 2008 ya estaba trabajando. La Policía de Seguridad Aeroportuaria fue creada por una ley del Congreso que se votó por unanimidad en ambas cámaras. El objetivo político de que salga por unanimidad no era un objetivo menor, sino un objetivo de consolidación de lo que decía esa doctrina, en defensa de los ciudadanos y ciudadanas para garantizar sus derechos, y en defensa de los policías que la integran. Lo más sensato, concreto y real es que la lógica indica que un estatuto de una fuerza de seguridad tiene que ser tratado en el Congreso, debatido en las comisiones correspondientes y sancionado por una amplia mayoría. No sé si por unanimidad, pero sí por una amplia mayoría. Eso es lo que le va a dar fortaleza a la institución y seguridad también a quienes la integran. Es notorio y evidente esto que señalaba Germán Martínez respecto de la necesidad del debate.
Hay otro punto interesante que marcó el expositor del Ministerio de Seguridad que dijo que tuvieron que ir a explicar a la Bicameral el contenido de las normas de la reforma porque no habían sido lo suficientemente difundidas. Y yo le contesté en ese momento que no fueron difundidas porque no fueron debatidas. Por más que me digan que las vieron muchísimos especialistas, hay una gran parte de esos especialistas —entre los cuales me incluyo, no con una falsa humildad, sino porque es a lo que me he dedicado— que no hemos sido partícipes de la discusión de cuál debería ser la reforma, y representamos una mirada que forma parte de la sociedad argentina. Uno no puede descartar a una enorme mayoría de gente que piensa de una manera determinada en la discusión de cómo debe ser abordado el problema de la seguridad pública y el de las fuerzas de seguridad. Nosotros estamos en condiciones de ir a buscar a otros diputados y diputadas de otros bloques para rechazar estos cuatro decretos. Podemos rechazar los decretos de reforma de las fuerzas de seguridad. Y como se vienen dando las cosas, creo que tenemos la posibilidad de hacerlo en las próximas sesiones. Toda esta reforma y las actuaciones policiales que se hicieron en el marco de esta reforma van a quedar absolutamente al descubierto y los oficiales que hayan actuado en el marco de estos nuevos decretos van a quedar absolutamente desamparados.
Además, nosotros vemos que en algunos casos, sobre todo en la Policía Federal, que son inadmisibles. Un ejemplo de esta es la idea de que la policía pueda detener sin orden judicial por lo que se parece mucho a la averiguación de antecedentes o averiguación de delito, por diez horas, que son temas más de código procesal que no van. Las actividades de inteligencia criminal las tienen que realizar las fuerzas de seguridad, y está bien, porque son actividades de análisis de información que recaban en sus investigaciones o tareas preventivas. Pero bajo ningún punto de vista se pueden llevar adelante tareas de inteligencia sin el control del sistema de inteligencia, que incluye a la Comisión Bicameral que se dedica a revisar esas actividades.
CM: Es decir que todos estos cambios amparados en la Ley Bases, que tienen que ver con nuevos permisos y nuevas habilitaciones para realizar inteligencia criminal, tampoco son coordinados en el marco del resto del sistema de inteligencia, ni pasan por la Bicameral. Respecto a estas diez horas que vuelven a una vieja práctica de la Policía Federal, ¿usted cree que eso va a entrar en problemas por la validez del decreto o porque directamente esto se choca con la implementación del Código Procesal Penal Federal? Todo esto en cumplimiento de pactos internacionales. ¿Esto va a ser frenado antes por la Justicia o directamente requiere una solución política?
No, me parece que pueden pasar cualquiera de las dos cosas. Eso es lo que uno ve también cuando el Poder Ejecutivo se toma atribuciones que no le corresponden, con las detenciones ilegales y arbitrarias que terminan siendo rechazadas por los jueces que intervienen en cada uno de los casos. Y además va a tener una solución política, porque creo que es inadmisible. Hay un amplio consenso en que no se puede retroceder de esta manera. Yo siempre siento que la ministra Bullrich aprovecha cualquier oportunidad para extralimitarse, y ver si puede colar en alguna norma que pase medio inadvertida alguna atribución que a ella le permita hacer determinadas cosas. Lo de la inteligencia, para mí, no tiene otro motivo que su tensión interna dentro del Gobierno con Santiago Caputo —que imaginamos maneja el sistema de inteligencia— por el control de recursos y de información de la SIDE, a los cuales la ministra no tiene acceso porque está en otro ámbito.
Cuando uno ve y empieza a analizar, siempre tiene que tener en cuenta quién es la persona que está detrás de estas iniciativas, y que juega al fleje, pero en general del lado de afuera, no del lado de adentro del consenso democrático. Para mí, hay cosas de las que están sucediendo —y podemos poner como ejemplo esta reforma de las fuerzas de seguridad— en donde el Gobierno está destruyendo consensos democráticos que no tienen que ver con los gobiernos peronistas, sino con acuerdos de la sociedad argentina que tienen su basamento en la experiencia de la transición democrática de 1983 a la fecha. Uno lo nota por el nivel de arbitrariedad con el cual el Gobierno lleva adelante sus acciones. No le importa ninguna ley, no le importa la Constitución. Avanza. El problema es que en los temas de seguridad, eso implica también la libertad y la vida de los argentinos y las argentinas, y sus derechos más básicos.
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EP: Respecto del escándalo que se conoció en los últimos días con el ingreso de estas diez valijas que no se controlaron en Aeroparque, en el avión privado de Leonardo Scatturice, ¿esto pasa siempre? ¿Es habitual?
El contrabando existe en la Argentina, y que probablemente para que pueda funcionar necesita de actores estatales que son infieles. Si es habitual o no lo es, no lo podría decir. Uno puede no ser ingenuo, y sabe que determinados artículos que se consiguen en la Argentina no se podrían conseguir si no fuera a través del contrabando. Eso es así. No obstante, eso no quita que acá hubo una evidente coordinación por parte de funcionarios públicos de alto nivel que solicitaron que un determinado equipaje no fuera controlado. Y digo de alto nivel por las personas involucradas. Tanto la señorita Arrieta como el señor Scatturice tienen vínculos probados con las más altas esferas del Gobierno. Forman parte de su estructuración política a nivel nacional e internacional. Por lo que se puede ver a través de la información periodística, hubo una orden expresa de que esas valijas no sean controladas.
Que eso salga a la luz tiene que ver con algo más de disputa interna de poder, en el que están en juego sectores de la SIDE y de Aduana, imagino. Esa información pone de manifiesto un modus operandi un poquito más estructural y más grave del funcionamiento del Gobierno, y empiezan a aparecer algunas sospechas que merecen ser atendidas. Los intereses que están en juego y por los cuales este tema vuelve a la agenda y se pone otra vez en discusión son muy grandes y exceden ampliamente el hecho en sí mismo. No sabemos qué trajeron en esas valijas. Uno puede imaginar que, cualquiera sea el elemento, se trata de un acto de contrabando llevado adelante por gente muy vinculada al Gobierno.
EP: Y que además fue en el avión de un empresario que acababa de comprar otra aerolínea, como FlyBondi.
Sí, y con antecedentes profesionales vinculados a la inteligencia. Eso no tiene nada de malo ni bueno, a priori, pero hay un hecho material, que es que el dueño del avión, que además es el empleador de la persona que llegó con las valijas no controladas, tiene antecedentes en el trabajo con servicios de inteligencia privados. No hay comprobada ninguna relación laboral con el Estado argentino en su historia, pero todo el mundo que conoce el tema sabe que es una persona muy conectada con los sistemas de inteligencia de la Argentina y de otros lugares del mundo.
Me parece que independientemente de la evidencia de que hubo una actitud delictiva por parte de funcionarios públicos que permitieron y promovieron el ingreso de mercancía, de equipaje no controlado, uno puede elucubrar. Algunos hablaban de dinero, porque se dio justo después del caso Libra. Otros pueden imaginar que pueden ser insumos tecnológicos para actividades de inteligencia que no están registrados. Uno puede imaginar cualquier cosa, y somos libres de pensarlo por los personajes que están involucrados. Pero el hecho concreto y real es que hubo una actitud delictiva por parte de funcionarios públicos, y que lo hicieron producto de una orden de superiores que están muy vinculados con el presidente Milei y su equipo más íntimo.
TV/EM