El crimen de Celeste Judith “Chasqui” Moreno, ocurrido el 4 de octubre de 2013, durante casi 12 años permaneció estancado. En octubre próximo, la causa iba a prescribir. Sin embargo, con la reciente imputación de cuatro sospechosos, se reactivó y se suspendió la posible prescripción. La fiscal de Instrucción de Séptima Nominación, Paola González Pinto, imputó a Eduardo Rafael “Cacho” Silva, Ítalo Yamil Agüero, Miguel Ángel “Iguana” Nieva y Claudio Antonio “Loco” Argañaraz, por el presunto delito de “homicidio doblemente calificado por alevosía y por haber sido cometido contra una mujer mediando violencia de género, en calidad de coautores”. El viernes último, el juez de Control de Garantías de Primera Nominación, Santiago Ahumada Franzzini, resolvió excarcelar a tres de los cuatros detenidos, bajo caución y medidas de restricción. Para el magistrado la prueba presentada no era suficiente para confirmar la prisión preventiva. No obstante, la fiscal adelantó que apelará la resolución.
Para el magistrado, hubo “falta de mérito”. Es decir, la prueba no alcanzó. Sin embargo, los cuatro acusados mantienen la imputación, un delito que prevé la pena máxima, prisión perpetua. Además, aún continúan vinculados a la investigación.
“Chasqui” tenía 20 años. Era madre de dos nenas y estaba cursando un embarazo de tres meses cuando fue asesinada. El día del crimen, «Chasqui» había ido a almorzar con su abuela María Anselma. Luego de la sobremesa la joven se fue a tomar un helado. Alrededor de las 19, el cuerpo fue encontrado por un vecino en un descampado en la zona norte.
Pasados 12 años, en el marco de una causa que se mantuvo estancada, juega en contra a la hora de producir prueba. Reactivar la causa “Chasqui” Moreno es como intentar armar un rompecabezas viejo, que apareció en algún cajón olvidado, con piezas rotas y otras perdidas. “No existe el crimen perfecto, sino investigaciones mal realizadas”, dice una vieja frase que suele escucharse en los tribunales penales.
En un primer momento, la investigación estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, con los fiscales Miguel Mauvecín y Marcelo Sago. El Ministerio Público Fiscal inició la investigación: escuchó testimonios y recolectó algunas pruebas. Sin embargo, con el paso del tiempo, la investigación comenzó a estancarse. Pasaron tres fiscales más por la Fiscalía de Instrucción de Séptima Nominación, entre ellos el actual fiscal General Alejandro Gober y durante más de una década, el expediente no se movió. El crimen de “Chasqui” Moreno se estaba convirtiendo en un caso impune.
En noviembre de 2024, González Pinto asumió como titular de esta Fiscalía y retomó la investigación que había quedado trunca. En mayo ordenó la detención de los cuatro sospechosos y los imputó por “homicidio doblemente calificado por alevosía y por haber sido cometido contra una mujer mediando violencia de género, en calidad de coautores”.
De acuerdo con los recientes avances en la investigación, días previos al fatídico 4 de octubre de 2013, Celeste Judith «Chasqui» Moreno se habría apoderado de aproximadamente un kilogramo de «cocaína» que tenía en su poder su ex pareja “Cacho” Silva. La sustancia pertenecería a Claudio Antonio «Loco» Argañaraz. En 2016, Argañaraz fue declarado culpable por el Tribunal Oral Federal por el delito de “distribución de estupefacientes agravado por el número de personas” y lo sentenciaron a seis años.
El presunto robo de cocaína habría desencadenado una búsqueda y hostigamiento permanente, con amenazas de daño físico a “Chasqui” Moreno, por parte de “Cacho” Silva, quien facilitó la información y ubicación para que «Loco» Argañaraz. Según se indicó, ese 4 de octubre, entre las 15 y las 18, mediante engaños y aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de “Chasqui” Moreno, por ser mujer y trabajadora sexual, existiendo una clara asimetría, la habrían subido a un automóvil, propiedad de Argañaraz. Habrían tomado rumbo hacia un sector ubicado por avenida Virgen del Valle Norte, aproximadamente a 200 metros hacia el norte de avenida Los Terebintos, en una zona de senderos cubiertos con montes y árboles autóctonos. Una vez en el lugar, los sospechosos habrían agredido a golpes a “Chasqui”. La brutalidad de la golpiza la habría llevado a un estado de inconsciencia e indefensión absoluta. Uno de los agresores -aún no determinado por la investigación- habría tomado un bretel del corpiño que la víctima vestía para luego utilizarlo como lazo de estrangulamiento. Así se habría asesinado a “Chasqui” Moreno. La autopsia determinó como causa de muerte «asfixia por estrangulamiento a lazo asociada a traumatismos múltiples contusocortantes craneofaciales».
En su alegato, la fiscal González Pinto remarcó la violencia de género expresada en el modo en que se ejecutó a Celeste Moreno. El crimen de “Chasqui” estuvo marcado por la vulnerabilidad como mujer pobre y trabajadora sexual. Además, remarcó que hay un claro vínculo entre los imputados.
La fiscal avanzó con el pedido de prisión preventiva para los acusados Argañaraz, Silva y Agüero. En cuanto a Nieva, González Pinto no solicitó que continuara detenido. Al respecto, el juez resolvió que quede sin materia la solicitud y que se arbitren los medios necesarios para que recupere su libertad. No obstante, en relación con Argañaraz, Silva y Agüero resolvió que recuperen la libertad bajo caución juratoria y restricciones. El magistrado adujo que la prueba presentaba estaba basada en testimonios, sin evidencia material. A su criterio, la fiscal no arribó a un grado de convicción suficiente como para tener por acreditada la probable participación de los imputados en este crimen.
“Chasqui” era una mujer marcada por la vulnerabilidad. Era pobre y trabajadora sexual. Se encontraba en la marginalidad. Era invisible. La investigación era compleja desde el inicio y no avanzó con prueba consistente. Ni siquiera hubo sospechosos, pese a que algunos testigos dieron nombres. El expediente quedó en un cajón.
La misma suerte tendría la causa por el crimen de María Condorí. Tampoco hubo sospechosos ni avances. Al menos una causa podría no quedar impune.
Una demora de más de 12 años
El 4 de octubre, Celeste Judith “Chasqui” Moreno fue asesinada en la zona norte de la Capital.
La investigación estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, con los fiscales Miguel Mauvecín y Marcelo Sago.
Pasaron tres fiscales más por la Fiscalía de Instrucción de Séptima Nominación, entre ellos el actual fiscal General Alejandro Gober.
Durante más de una década, el expediente no se movió.
En mayo, la sexta fiscal del caso imputó a Eduardo Rafael “Cacho” Silva, Ítalo Yamil Agüero, Miguel Ángel Nieva y Claudio Antonio “Loco” Argañaraz por el presunto delito de “homicidio doblemente calificado por alevosía y por haber sido cometido contra una mujer mediando violencia de género”.