Mientras se debate el proceso de selección del nuevo Defensor Nacional por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y mientras días pasados el Observatorio de Femicidios Adriana Marisel Zambrano de la Casa del Encuentro daba a conocer las nuevas estadísticas sobre femicidios en Argentina, el pasado jueves una nueva afrenta contra los derechos de las infancias, las adolescencias y las mujeres tomó cuerpo mediante el debate por la Ley sobre Falsas Denuncias presentado por la Diputada Nacional Lilia Lemoine.
Una nueva afrenta que se suma al proceso encarado durante el año pasado por su par Carolina Losada, en el Senado de la Nación. Ambas con la misma aciaga impronta: criminalizar el pedido de justicia de mujeres, diversidades, niños, niñas y adolescentes que vieron vulnerados sus derechos, atravesados por todas las violencias posibles. Losada no está sola en su cometido. En la Cámara Alta la acompaña el abogado Juan Carlos Pagotto, riojano de procedencia, y quien en los inicios de su gestión como legislador nacional manifestaba sin reparos su menoscabo hacia las víctimas de violencia y quien también durante un debate sobre un proyecto de ley que proponía endurrecer penas por compra y venta de niños, no dudó en deslizar exenciones para aquel progenitor que “entregare a su hijo cuando mediare estado de necesidad”…
«Batalla Cultural», le llaman. Batalla cultural que encuentra en el Congreso de la Nación, el espacio propicio para desplegar la ingeniería parlamentaria necesaria como falange de la ignominia, y que a largo plazo propiciará mayor impunidad al flagelo de las violencias en todo su espectro, reduciendo y profundizando el estado de indefensión jurídica de quienes se encuentran inmersos en situaciones de riesgo y vulnerabilidad. No cabe dudas que ambas propuestas de Ley sobre Falsas Denuncias se consuman desde un paradigma alejado de la representación jurídica de los Derechos Humanos y desde una visión profundamente apartado de las recomendaciones de altos organismos internacionales que catalogan a la violencia como delitos de lesa humanidad cuando se dirigen hacia mujeres, niños, niñas y adolescentes bajo la forma violencia sexual.
El escenario se torna desalentador si tomamos como punto de partida los recientes datos estadísticos emanados desde el Observatorio de Femicidios de la Casa del Encuentro, que indica que desde Enero a Junio de este año, en Argentina llevan contabilizándose 127 víctimas de femicidios, de lo cual resulta que 116 hijos e hijas perdieron a sus madres en manos de femicidas, y de los cuales el 50% de esos niños y niñas no alcanza la mayoría de edad.
Un dato no menor de dicho sondeo refiere a que, de las 127 mujeres que ya no están, 20 de ellas habían formulado denuncias previas; 8 de las cuales contaban con medidas cautelares de prevención.
Legislar desde el paradigna anti derechos resulta oneroso para los argentinos, teniendo en cuenta los exuberantes sueldos que perciben legisladores nacionales, algunos de los cuales desde sus bancas instrumentan iniciativas sobre aspectos ya legislados, como el delito de Falsa Denuncia que ya se encuentra penado a través del artículo 145 del Código Penal.
El abanico de propuestas legislativas tendientes a incrementar la indefensión jurídica de mujeres y de las infancias en situación de violencia no se agota en las propuestas mencionadas, puesto que otras no menos perniciosas aguardan tratamiento parlamentario como la modificación a la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes con un correlato no menor en las legislaturas de algunas provincias como la creación de Registros de Obstructores de Vínculos Familiares. En el primero de los casos las modificaciones tienden a desoír la voz de los niños en instancia judicial y en el segundo caso, lo que se busca es la revinculación forzada de niños y niñas con progenitores que han llegado a ejercer actos aberrantes en su contra.
Lemoines, Losada, Pagotto y otros cumplen además su cometido abriendo las puertas del Congreso de la Nación a entidades que impostan defender los derechos de las infancias pero detrás de cuyas intervenciones aguardan cubrir con el manto de la duda a pedófilos y pederastas, distando ejercer la máxima de proteger el bien jurídico del Interés Superior del Niño.
Los comunes denominadores se suceden ya que idénticos voceros fueron legitimados durante el proceso que lideró Losada en 2024, paradógicamente el mismo día en que a nivel internacional se celebra el Día Mundial de la Infancia, en conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Son los mismos cuyas voces (presentadas como «Víctimas de denuncias de alto perfil») fueron legitimadas nuevamente el pasado jueves en el Congreso revictimizando a sobrevivientes de violencia sexual.
No se confunda la sociedad: invocan legislación que consagra los derechos y garantías de niños, niñas y adolescentes, pero persiguen y criminalizan a las madres que luchan por la defensa y restitución de los derechos vulnerados de sus hijos e hijas. Son las mismas voces que argumentan sus iniciativas vanalizando las dolorosas estadísticas de femicidios en nuestro país, a la par que rezan que “la violencia no tiene género”, ignorando las condiciones estructurales de desigualdad e inequidad que nos atraviesa.
Lemoines, Lozada y compañía a través de ambas propuestas parlamentarias vuelven a victimar a niños y niñas que se han animado a contar su calvario. Vuelven a atormentar el camino de cientos de Madres Protectoras que en Argentina recorren Juzgados y Fiscalías clamando justicia, de donde a lo largo y ancho del país se desprenden casos de una indefensión jurídica absoluta. La tecnología parlamentaria que se menciona constitiuyen el engranaje cómplice de la violencia que nos sigue matando a manos de femicidas, y que sigue revinculando a niños y niñas con entornos familiares donde suceden los peores ultraje. Constituye el factor de complicidad e inseguridad jurídica, simplemente porque criminalizan y buscan acallar nuestras voces.
Llegó el momento de condenar estos proyectos, adoptando una mirada integral del actual escenario donde se fomentan marcos jurídicos tendientes a volatilizar valiosos avances en materia de derechos humanos, aún cuando quedaban materias pendientes especialmente en lo que a infancias refiere. Exijamos también que en el marco del concurso para cubrir el cargo de Defensor Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes se haga público el listado de postulantes para ejercer la titularidad de dicho organismo. Es momento de que la Sociedad Civil asuma su capacidad de pedir y exigir respuestas. No permitamos que representantes políticos inescrupulosos entreguen a otros «Kiczkas» las funciones y la misión de la Defensoría.
(*) Lic en Comunicación Social. Diplomada en Género y Movimientos Feministas. Posgrado en Acompañamiento Comunitario a Victimas de Violencia de Género.