miércoles, 18 de junio de 2025 08:40
La diputada y presidenta del bloque de la UCR, Silvana Carrizo, presentó un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo y el Tribunal de Cuentas informen sobre el estado de distintos programas agroindustriales que recibieron fondos públicos millonarios y que hoy están abandonados o sin rendición de cuentas.
Entre los casos mencionados, destaca el del Centro de Mejoramiento Genético de Nueva Coneta, inaugurado en 2021 con una inversión de más de 90 millones de pesos. Según Carrizo, el proyecto fue desmantelado antes de completar su ciclo, sin informes públicos sobre sus resultados. “El Estado no puede seguir financiando proyectos que luego quedan abandonados sin explicación ni consecuencias”, advirtió.
Además, la legisladora pidió explicaciones sobre otros emprendimientos fallidos, como el “Plan Tomate”, la bodega “La Indómita” en Fiambalá y Agroindustrias Pomán. Exige conocer si existieron auditorías, controles, o si se detectaron irregularidades.
“El rol de esta Cámara es ejercer un control firme sobre el uso de los recursos públicos. La transparencia es esencial para recuperar la confianza ciudadana”, mencionó.
Carrizo destaca el proyecto del Centro de Mejoramiento Genético, inaugurado en 2021 con una inversión inicial superior a los 90 millones de pesos. Según explicó la diputada, el programa fue gestionado por una UTE entre la empresa estatal AICAT S.E. y la firma privada AGROLEPAL S.R.L., cuyo titular, Alejandro Lauret, es cuñado del actual Defensor del Pueblo, Dalmacio Mera. “La fuerte participación estatal y el vínculo familiar directo con un funcionario exigen, un mayor estándar de transparencia, la puerta giratoria entre los negocios privados y el poder público no solo vulnera la ética, sino que compromete gravemente la transparencia institucional”, remarcó.
Carrizo detalló que AGROLEPAL fue beneficiada con la compra de 14 toros de raza y 1.000 embriones, con un costo total cubierto en un 80% por el Estado, y que Lauret fue designado como responsable técnico del plan. Sin embargo, el centro fue desmantelado antes de cumplir siquiera su período mínimo de funcionamiento. “El circuito de mejora genética no se completó y no existen informes públicos sobre los resultados”, denunció.
La diputada también pidió copia de todos los convenios, inventarios, informes técnicos, resultados, y documentación legal vinculada.
El proyecto establece un plazo de 15 días hábiles para que el Ministerio de Desarrollo Productivo brinde la información solicitada y para que el Tribunal de Cuentas remita cualquier informe, observación o dictamen emitido respecto a los programas señalados.
“Es deber de esta Cámara ejercer su rol contralor. La falta de resultados no solo afecta a los productores, sino que compromete la confianza pública en las instituciones”, concluyó la legisladora radical.