Es decir que, si bien el diploma doctoral no es mandatorio, el rector sí debe representar una figura referencial dentro y fuera de la comunidad académica por su contribución en distintas áreas del conocimiento. Y, para el estudiantado, debe incluso encarnar esa referencia en clave aspiracional para el ulterior desarrollo profesional que se está comenzando a edificar.
En este sentido, la limitada presencia de los principales candidatos en redes sociales académicas como Google Scholar y ResearchGate invita a cuestionar hasta qué punto se pueden albergar expectativas de que la UNCa alcance una auténtica competitividad académica bajo su dirección. Estas plataformas son cruciales para visibilizar la producción científica, establecer redes de colaboración y, en última instancia, contribuir al reconocimiento internacional de la institución.
La excusa que habitualmente se desprende para justificar tales carencias es que estos perfiles se enfocan más en la gestión institucional que en la producción de conocimiento, dando así cuenta de un profundo desconocimiento de las implicancias que conlleva el rol en instituciones que sean o pretendan a ser competitivas o de la importancia de liderazgos como el de Michael Crow. En universidades que verdaderamente funcionan como tal, el rector o presidente escasamente se ocupa de funciones administrativas. Estas tareas quedan delegadas a equipos ejecutivos integrados por especialistas3, dejando para el rector el liderazgo y la construcción de una visión general y estratégica.
En términos generales, el rector impulsa las políticas que garanticen la participación de la universidad en los ránkings globales y la producción científica con los más altos estándares. Por ello también es importante que sea una figura con robusta trayectoria académica. Y, por otra parte, debe trabajar como una especie de canciller o representante de la institución en instancias relevantes. Estas instancias pueden ser académicas o no, tales como aperturas de congresos, dictado de conferencias, participación en encuentros con representantes del Estado y ONGs, o tomar parte en foros y entrevistas con los medios de comunicación para promocionar la excelencia académica y la innovación, la investigación de punta, la internacionalización y el compromiso social.
Sin embargo, en el caso de la UNCa, todo esto parece haber sido desplazado hasta naturalizarse una racionalidad administrativa más partidaria que académica, perjudicando el posicionamiento de la universidad al punto de que actualmente no reúne los requisitos mínimos para siquiera aparecer en los ránkings internacionales, así sea con baja calificación. Por caso, en 2021 el exrector Flavio Fama firmó una resolución en la que otorgó 127 pases a planta permanente a personal no docente y recategorizó a otras decenas de empleados sólo cinco días antes de concluir su mandato. Entre los beneficiados se encontraban desde legisladores, exfuncionarios, hijos de otros funcionarios universitarios y hasta el propio hijo de Famaa.
Durante bastante tiempo esto también ocurrió con los cargos docentes, irrespetando las exigencias estatutarias que fijan porcentajes mínimos de cargos ocupados por concursosb. No obstante, si bien debe admitirse que en los últimos años la situación alrededor de estos desmanejos ha evidenciado una mejora, debe aclararse que ha sido resultante más de la acción sindical a instancias de la paritaria nacional que de la iniciativa de la directiva universitaria4.
Una recurrente defensa para justificar este tipo de aprovechamientos recupera los valores contenidos en la Reforma Universitaria de 1918, que honra la acción política en el ámbito universitario. Los vacíos surgen al preguntarse qué se entiende por dicha actividad política, o si ésta se termina reduciendo a una gestión de caja presupuestaria y asignación de cargos.
La calidad y la reputación no se presentan como intrínsecamente contradictorias con la gratuidad y el libre acceso. La conciliación de estos principios es posible siempre en relación con unas políticas estatales que en el caso argentino progresivamente se degradan en la escala de prioridades estratégicas. La calidad y la reputación no se presentan como intrínsecamente contradictorias con la gratuidad y el libre acceso. La conciliación de estos principios es posible siempre en relación con unas políticas estatales que en el caso argentino progresivamente se degradan en la escala de prioridades estratégicas.
Una genuina acción política debería pasar por la discusión del rol de la universidad ante las perspectivas de desarrollo local, regional y nacional. En esta línea, la posición de la UNCa es poco menos que cuestionable y, por caso en relación con la explotación minera y la crisis ambiental en la región, le han valido severas críticas de destacados académicos de fuste internacionalc. O también podría plantearse el hecho de que –salvo excepciones, como la apertura de la incipiente carrera de Medicina– la universidad ha invertido sistemáticos esfuerzos y recursos en construir una oferta formativa que sólo alimenta unas dinámicas del empleo público que, ante las coyunturas nacional e internacional, parecen estar agotadas5. O también puede mencionarse la ausencia de la UNCa en los ránkings más prestigiosos –como QS y Shanghai– de los que ha desaparecido o directamente nunca ha figurado, lo cual es un indicador de la limitada competitividad en la escena global.
Este debate sobre la competitividad académica a menudo se reduce a rescatar la valiosa gratuidad y el libre acceso a la educación superior, dejando de lado los planteamientos sobre la calidad y la reputación académicas. Aún así, tanto la calidad como la reputación no se presentan como intrínsecamente contradictorias con la gratuidad y el libre acceso. La conciliación de estos principios es posible siempre en relación con unas políticas estatales que en el caso argentino progresivamente degradan a la educación superior en la escala de prioridades estratégicas. Las señales apuntan, en todo caso, hacia un constante debilitamiento en la preponderancia de la universidad, dificultando aún más el camino de la UNCa hacia el reconocimiento y la excelencia académica.
A esto se suma la implicación de actores no suficientemente válidos para proponer una trascendencia a la mera gestión presupuestaria y de espacios de poder. Podrán ser conspicuos y leales militantes –seguramente lo son–, pero no académicos desde los que puedan surgir visiones que posicionen a la universidad a la altura de las exigencias del siglo XXI.
1 Salerno, en tanto, sí da cuenta de un doctorado en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (España), y de dos trayectos postdoctorales, uno en la Universidad de Bolonia (Italia) y otro en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).
2 La diferencia entre un doctorado tradicional –PhD– y un doctorado profesional –como el Doctor of Public Administration, DPA– radica en el enfoque, los objetivos, el tipo de conocimiento producido y su aplicación práctica. Por ejemplo, mientras un PhD busca generar nuevo conocimiento teórico o conceptual a través de un alto enfoque en la investigación, el DPA aplica el conocimiento existente a la resolución de problemas prácticos y complejos en contextos organizacionales o institucionales específicos, por lo que está más enfocado en la gestión pública, el liderazgo organizacional, la formulación de políticas, etc. Es por ello que, en lugar de tesis, puede requerir la elaboración de un proyecto aplicado, una investigación orientada a la práctica o una solución innovadora a un problema concreto. Se trata de trayectos destinados a profesionales de alto nivel que ocupan –o aspiran a ocupar– roles estratégicos en gobiernos, universidades, ONGs o empresas, y su impacto se mide más por la implementación y el liderazgo efectivo que por publicaciones científicas.
3 Estos cuerpos pueden ser el mismo vicerrector o vicepresidente de Recursos Humanos, quien se encarga de la gestión del personal docente y no docente, de las políticas salariales, las evaluaciones y del desarrollo profesional. También suele tratar con los sindicatos y las estructuras laborales internas. Además, en universidades robustas y complejas existe la figura del Director de Operaciones (COO), que está orientada a coordinar la infraestructura, los servicios, el mantenimiento, la logística, la seguridad y la tecnología. Los directores de Unidades Administrativas, a su vez, suelen tener sus propias direcciones –de Tecnología, de Servicios Generales, de Compras, etc–, reportando a los vicerrectores o al gerente general. También está el Consejo, Junta de Gobierno o Board of Trustees que, aunque no gestionan directamente, supervisan y aprueban los asuntos financieros mayores como los presupuestos anuales, las inversiones, las grandes obras de infraestructura, y la utilización del endowment. El rector rinde cuentas ante sus miembros.
4 Concretamente, la CONADU y la CONADU Histórica lograron que el Estado nacional transfiera los recursos para el financiamiento de los concursos. Esto se complementó con el posterior establecimiento de la normativa para que aquellos docentes que ocupaban cátedras desde hacía varios años bajo contratos pasen a considerarse como concursados, con todos los derechos implicados.
5 Un ejemplo relevante en esta línea son las diplomaturas, tecnicaturas, licenciaturas y hasta posgrados en Gestión Pública, Administración y Gestión del Estado. Si bien pueden tener alguna utilidad, no apuntan a modificar significativamente la ecuación productiva de la región ni contribuyen al posicionamiento internacional de la universidad. Esto sin mencionar que los egresados de otros trayectos académicos de la UNCa –ingenieros, contadores, abogados, etc.– también ven al Estado como el espacio de ejercicio por excelencia. ¿Cómo se posicionan estas realidades de cara a desafíos epocales como la Inteligencia Artificial (IA) y la innovación digital?