El juez Jorge Gorini, presidente del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) que realizó el juicio del caso Vialidad y condenó a Cristina Kirchner y es responsable de ejecutar la pena que quedó firme desde este martes, rechazó el pedido de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola para arrestar de forma inmediata a la ex vice. Reiteró que rigen los cinco días hábiles para que los condenados se presenten en Comodoro Py
Cristina Kirchner debe cumplir la pena de seis años de prisión que el TOF2 dictó el 6 de diciembre de 2022, cuando la encontró responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La consecuencia directa de la confirmación de esa sentencia es la privación de la libertad y la inhabilitación de por vida para ejercer cargo públicos.
Este miércoles, la Cámara Nacional Electoral fue notificada del estado actual de la causa Vialidad: la condena obtuvo firmeza cuando la Corte Suprema de Justicia rechazó los recursos de las defensas al considerar que no había sustento jurídico para hacer lugar a los mismos.
Uno de los apartados de la notificación a la Cámara Nacional Electoral resalta la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.
La otra consecuencia inmediata de la condena que es de cumplimiento efectivo, es el la privación de la libertad de la ex presidenta y de los ocho condenados que fueron parte de lo que la justicia calificó como una «fenomenal maniobra defraudatoria».
En función de este punto a resolver, el abogado Carlos Beraldi, presentó para solicitar que a Cristina se le conceda el arresto domiciliario. Además, pide que no se le coloque una tobillera electrónica y que no cambien a su custodia.
Otro de los puntos del escrito de la defensa es que todas las notificaciones en el marco del legajo de ejecución penal que se abrió el miércoles se realicen de forma virtual, para evitar así el traslado de la ex vicepresidenta hacia los Tribunales de Retiro.
Este miércoles por la tarde, el juez Jorge Gorini rechazó el pedido de los fiscales Luciani y Mola respecto a la detención inmediata de Cristina Kirchner, y reiteró que rige el plazo de los cinco días hábiles para que los nueve condenados en el caso Vialidad se presenten en Comodoro Py.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal, habían planteado ante la determinación de fijar cinco días hábiles para la presentación en los tribunales de Retiro y allí hacer efectiva la detención, de que no se espere tantos días y se ordene de forma inmediata.
“Para asegurar el ejercicio del derecho de defensa, toleramos -dentro de ese margen- reproches infundados a nuestra labor. Esto se debe a que entendemos la capital relevancia del ejercicio de la defensa técnica y material, ya que la aplicación de una pena es, sin duda, una de las consecuencias jurídicas que más afectan los derechos fundamentales de las personas ante el incumplimiento de una norma de conducta”, habían explicado en su escrito.
Incluso, a pesar de que ha adquirido firmeza la condena, “seguimo sosteniendo que la pena cuya ejecución solicitamos (seis años) luce insuficiente y desproporcionada frente al grave daño ocasionado”, consideró Diego Luciani y Sergio Mola.
Ante la gravedad de los hechos, “tenemos la obligación de dejar en claro que, de acuerdo a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación -órgano de mayor jerarquía con jurisdicción dentro del territorio argentino-, en este proceso se han respetado íntegramente las garantías del debido proceso”.
Por ende, la ejecución de las penas que se “solicita es la consecuencia de la aplicación de la ley penal frente a conductas delictivas plenamente acreditadas y ahora confirmadas por nuestro máximo tribunal”.
Finalmente los fiscales sostuvieron su pedido con el siguiente argumento: “La falta de reacción sancionatoria inmediata -es decir, la no ejecución de una pena que también estigmatice como incorrecto el comportamiento de las personas que han sido condenadas- podría llevar a percibir que las disposiciones de derecho interno y del sistema internacional enderezadas a prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción no rigen como pauta de conducta para los funcionarios públicos, o al menos, para algunos de ellos”.
Sin embargo, el juez Gorini ratificó el criterio establecido horas después de que la Corte Suprema dejó firme la sentencia condenatoria del caso Vialidad.