Ayer se cumplieron 10 años desde que las artesanas Pamela Romero y Fabiana Orellano fueran arrestadas y sometidas a una golpiza por policías de la comisaría Primera luego de que se resistieran a cambiarse de sitio pese a que habían sido autorizadas por inspectores municipales.
Una década pasó y la causa aún sigue en trámite. La investigación fue concluida, pero una nulidad en el dictamen de citación a juicio motivó que el expediente regresara a la Fiscalía de Instrucción N° 2, a cargo de Laureano Palacios. Desde el 2021 no hubo más actividad en la causa y el pedido de justicia de ambas mujeres sigue vigente.
El calvario comenzó apenas minutos después de ser detenida y subida a una camioneta policial. Según consta en la denuncia, la oficial Dagma Moya tropezó y cayó durante el procedimiento. A partir de ese momento y durante casi 24 horas, la detenida fue víctima de una serie de agresiones físicas y psicológicas que incluyeron golpes reiterados, insultos, humillaciones, descargas eléctricas y ejercicios forzados.
«Uno de ellos además se apoyó con su cuerpo desde atrás y me dijo: Viste putita ¿te gusta hacerte la loca? ¿Quién es más loco ahora?, mientras me apoyaba y también me decía otras cosas pervertidas», señaló Pamela en una entrevista a El Ancasti en el 2016. Para parar los golpes, llegó a decir que estaba embarazada y que no quería perderlo y ni aun así cesaron de golpearla.
El fiscal Mauricio Navarro Foressi imputó a la oficial Moya por “severidades ilegales”, aunque las víctimas denunciaron la participación de otros policías y hablaron directamente de torturas.
Pese a las presentaciones de la querella para conseguir que agravaran la acusación y se imputaran a más policías, no tuvo éxito. La causa fue elevada a juicio en marzo del 2016. Desde ese entonces, la causa comenzó un camino intrincado y laberíntico que se sostiene hasta estos días. En julio del 2017 el expediente ingresó al Juzgado Correccional N°2. Un año después se comenzó con la etapa de ofrecimiento de prueba, el paso previo al juicio oral. Sin embargo, el juez Diego Chaile Costilla no fijó fecha de juicio pese a las reiteradas presentaciones de Sebastián Vergara, el abogado de las víctimas. Ante la falta de respuestas, denunciaron al magistrado por retardo de justicia ante Sumarios de la Corte de Justicia.
En 2021 Chaile Costilla – quien cuenta con sanciones por retardo de justicia – resolvió que la causa regrese a Fiscalía por decretar la nulidad del requerimiento de citación a juicio. Desde entonces, el expediente que está en manos del fiscal Palacios, no se movió y la causa no fue elevada a juicio nuevamente.
Cuando los acusados son policías de la provincia, las causas judiciales avanzan con una lentitud exasperante.
De este racconto emerge una vez más la lentitud con la que avanzan las causas judiciales cuando los imputados pertenecen a la Policía de la Provincia. Pasó con Diego Pachao, cuya familia tuvo que esperar una década para que se juzgaran a los culpables y pasa aún con Ricardo Paucará, que fue detenido en el 2015 por un grupo de policías de la comisaría Décima que lo sometieron a una golpiza. ¿La razón? Una publicación en Facebook del damnificado. La causa naufraga en Fiscalía sin respuestas.
¿Corporativismo? ¿O sola una muestra más del colapso del sistema judicial, el cual sigue dejando cuentas pendientes mientras las víctimas esperan una explicación?