El Gobierno nacional puso en marcha una nueva estrategia económica bautizada informalmente como “Plan Colchón”, cuyo principal objetivo es movilizar los miles de millones de dólares y pesos que permanecen fuera del circuito formal, en casas, cajas fuertes o escondidos del sistema financiero, por temor a sanciones o pérdida de valor.
La iniciativa, presentada por el ministro de Economía Luis Caputo y respaldada por el jefe de Gabinete Guillermo Francos, propone desburocratizar y despenalizar el uso de esos fondos para facilitar su circulación en la economía real, incentivar el consumo y promover la inversión privada sin el peso de las regulaciones actuales, según sus conceptos.
Uno de los ejes centrales del plan es la eliminación de regímenes informativos, especialmente aquellos que obligaban a declarar movimientos de capital o compras de bienes por parte de ciudadanos que no podían justificar sus ingresos. En la práctica, se trata de quitar el miedo al uso de dinero en efectivo o en divisas, lo que podría traducirse en una mayor monetización y reactivación del consumo.
“El objetivo es que la gente esté tranquila cuando quiera comprar algo”, explicó Caputo en conferencia de prensa. Aunque durante la presentación no se habló explícitamente de los «dólares del colchón», el mensaje posterior fue claro: el Estado no perseguirá a quienes usen sus ahorros guardados fuera del sistema.
Además, el Gobierno anticipó que enviará al Congreso un proyecto de ley para reformar la Ley Penal Tributaria, elevando los umbrales para la sanción de delitos fiscales y reduciendo el plazo de prescripción de evasión de cinco a dos años. También se establecerá un límite de hasta 50 millones de pesos mensuales como tope para que ciertos movimientos no deban ser informados a los organismos fiscales.
Más allá del impacto económico inmediato, el Gobierno también apunta a “un cambio cultural en la relación entre los ciudadanos y el sistema tributario, que incentive el uso del dinero fuera del banco sin temor a inspecciones, juicios o sancione”s. En ese sentido, el “Plan Colchón” no plantea un blanqueo tradicional, sino una especie de amnistía tácita para quienes movilicen fondos en forma transparente, sin necesidad de declarar su origen.
Catamarca, la primera en sumarse
En este contexto, Catamarca se convirtió en la primera provincia en adherirse oficialmente al plan, tras la firma de un convenio entre el gobernador Raúl Jalil y la Agencia de Recaudación local (ARCA). El acuerdo contempla el monitoreo de consumos y patrimonios, pero también compromete a la provincia a facilitar los mecanismos de ingreso voluntario al sistema formal sin persecución tributaria.