La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) mostró su preocupación por la exclusión de algunos medios de comunicación, entre ellos Editorial Perfil, de la pauta publicitaria de empresas con mayoría estatal, como YPF, Aerolíneas Argentinas y Banco Nación. La entidad denunció que esta situación podría configurar un trato discriminatorio y contrario a los principios de equidad y transparencia en el uso de recursos públicos.
Según el comunicado difundido por ADEPA, además de la falta de contrataciones actuales, Perfil tampoco fue incluida entre los medios a los que se les cancelaron deudas contraídas antes del 10 de diciembre de 2023, lo que —advierten— contradice el principio de continuidad jurídica de los actos estatales.
“La preocupación radica en que esta exclusión podría representar una sanción editorial o una práctica desigual, lo que va en contra de los estándares internacionales y de la jurisprudencia de la Corte Suprema”, expresó la entidad, que nuclea a gran parte de los medios del país.
Desde el Gobierno, algunos funcionarios habrían justificado estas decisiones como actos propios de empresas comerciales. Sin embargo, ADEPA remarcó que se trata de firmas con participación mayoritaria del Estado nacional, sujetas a control público y a estándares de responsabilidad institucional.
Además, cuestionaron que, si se tratara realmente de decisiones comerciales, las contrataciones deberían ajustarse a lógicas de mercado. “Excluir a medios que sí son considerados por otras empresas del mismo rubro privado resulta un indicio claro de una posible discriminación por razones editoriales”, alertó ADEPA.
La entidad también recordó que ya había enviado una carta al vocero presidencial en marzo, manifestando estas preocupaciones, pero que hasta el momento no hubo correcciones por parte de las empresas involucradas.
ADEPA concluyó que la pauta oficial, incluso cuando proviene de empresas estatales y no directamente del Estado, debe regirse por criterios objetivos y evitar cualquier forma de favoritismo o castigo. “Así lo establecen organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, subrayaron.
La situación genera inquietud en el sector, ya que vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la utilización de la pauta oficial como herramienta de presión política o discriminación, un tema recurrente en la relación entre los medios y el poder.