En medio de la creciente polémica por el fallo de la Corte de Justicia que obliga a la Municipalidad de Valle Viejo a pagar $160 millones en concepto de honorarios profesionales a los abogados de la empresa COARCO, el concejal Gerónimo Cabrera (UCR) presentó un proyecto de resolución para citar al Fiscal Municipal, Pablo Alsina Alcobert, a que dé explicaciones ante el Concejo Deliberante.
El pedido, ingresado formalmente el viernes último, concretamente requiere la presencia del funcionario en el recinto en un plazo no mayor a tres días hábiles desde su notificación, con el objetivo de que «brinde un informe oral y escrito que aclare el alcance y consecuencias del fallo judicial que compromete severamente las finanzas municipales».
El proyecto, que será incorporado al orden del día de la próxima sesión, sostiene que “el cumplimiento de obligaciones judiciales que comprometen fondos públicos debe ser de público conocimiento, en resguardo de los principios de transparencia y control de la gestión pública”.
Asimismo, destaca que es facultad del Concejo Deliberante ejercer contralor sobre los actos del Ejecutivo, especialmente cuando se trata de erogaciones significativas. Por ello, Cabrera solicita que el fiscal municipal detalle, entre otros aspectos: la identificación completa de la causa (carátula, número de expediente y juzgado), el listado de profesionales beneficiarios del fallo, el estado actual del proceso judicial y del trámite administrativo de pago, las medidas adoptadas o previstas por el municipio para dar cumplimiento a la sentencia y el impacto estimado en las finanzas municipales.
En uno de los puntos más fuertes del texto, se indica que el fiscal deberá “acreditar en forma integral y documentada de qué manera es posible que el municipio deba afrontar pagos de honorarios profesionales, teniendo en cuenta que el máximo perjudicado en el desarrollo de la obra es precisamente nuestro municipio”.
Además, el proyecto prevé que toda la documentación requerida se incorpore a los registros oficiales del Concejo Deliberante y del Departamento Ejecutivo y que sea publicada para conocimiento de la ciudadanía.
Días atrás se llevó a cabo una reunión en el Concejo Deliberante del departamento, para que los involucrados en la obra expliquen la situación de la misma a los ediles. Sin embargo, el encuentro generó más polémica entre el oficialismo y la oposición. La reunión contó con la participación de los concejales de los diferentes bloques, funcionarios municipales, las firmas contratistas y fiscalizadoras, así como el inspector principal de la obra en representación de la empresa Hytsa. También estuvo presente, el secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad, quien asistió tras la polémica generada la semana pasada por su ausencia y posibilidad de ser sancionado mediante la fuerza pública por desobediencia si volvía a faltar, pero concurrió sin presentar la documentación solicitada. Esto ocasionó que Cabrera abandonara el encuentro, acusando al oficialismo de armar un puesta en escena.
Sigue la polémica
La iniciativa de Cabrera se suma a una serie de cuestionamientos políticos tras conocerse el contenido del fallo judicial que condena a la Municipalidad de Valle Viejo al pago de honorarios por una causa que, según denuncian desde la oposición, fue dejada caer sin defensa jurídica durante la gestión de Susana Zenteno.
Según el exconcejal Javier Espinoza, el monto inicial era de $268 millones, pero fue reducido a $160 millones tras una apelación presentada por la propia empresa COARCO. Espinoza advirtió que el costo no lo pagarán únicamente los vecinos del departamento, sino también toda la provincia, ya que, según afirmó, el Gobierno Provincial podría asistir al municipio con fondos para afrontar la deuda.
El fallo de la Corte también fue crítico con la conducta procesal de la Municipalidad, calificándola de “dilatoria, obstruccionista y contraria a la buena fe procesal”.
Con este nuevo pedido de informes, el Concejo Deliberante se coloca ahora en el centro de la escena política, exigiendo responsabilidades institucionales por una deuda millonaria que sigue generando repercusiones judiciales, políticas y financieras.