Tiempo atrás se conoció la noticia de que un niño de 12 años había sido denunciado penalmente por un hecho de violencia escolar. El caso se dio en un contexto de avanzada del gobierno nacional y otros sectores para aprobar una ley que baje la edad de imputabilidad, intento que ha recibido numerosas y fundamentadas críticas de parte de organizaciones de juristas, de defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes y de otras instituciones, como la propia Iglesia Católica.
En Catamarca, el juez Penal Juvenil Rodrigo Morabito ha producido varios escritos, algunos de los cuales han sido publicados por El Ancasti, apelando a argumentos contundentes en contra de este intento de modificar el Código Penal. Precisamente al magistrado le tocó intervenir en la denuncia del niño acusado como agresor en un colegio de la Capital catamarqueña y, con criterio coherente, resolvió que el fuero penal juvenil no debe intervenir en el caso. Calificando a la intervención de la Justicia como “altamente desaconsejable”, señaló que el abordaje del problema debe ser realizado en el ámbito educativo y no en Tribunales. “En este caso adonde existe hasta quizás un posible caso de acoso escolar o bullying, estimo que la solución y el abordaje debe ser realizado en el ámbito educativo y entre toda la comunidad educativa”, consideró en su sentencia.
El magistrado entiende que para éste y casos similares es de aplicación una ley provincial, la 5.402 de 2015, de “Exclusión del maltrato y promoción de la cultura de paz en la comunidad educativa y prevención y erradicación de bullying o acoso escolar entre pares”.
Más allá de la lógica de la resolución judicial, debe destacarse la vocación didáctica del magistrado, que incluyó en la sentencia una carta dirigida a la comunidad educativa del colegio, explicando las razones en lenguaje sencillo y asequible a los chicos.
“Quiero decirles que con la violencia jamás se llega a ningún lado –reflexiona Morabito en una parte de la carta-. Ya existe demasiada violencia en el mundo como para seguir en ese camino ¿no? Creo que la obligación de ustedes como futuras generaciones es encontrar una salida a la violencia y las cosas malas que ocurren en el mundo. Necesitamos más empatía en este mundo y en nuestra sociedad y ustedes pueden ayudar a que eso ocurra (…) Sí puede haber diferencias, enojos, molestias, pues ¡claro que sí!, pero ese no es un motivo para lastimar o golpear a nadie, sino una razón para dialogar y charlar. Encontrar una solución a esas diferencias. Esto que les digo es un gran desafío y también una obligación para ustedes los docentes y ustedes los papás y mamás que deben dialogarlo en todo momento en su casa”.
En la misma línea de acercamiento a la comunidad educativa, el juez anticipó que en los próximos días concurrirá al establecimiento junto con el fiscal Guillermo Narváez y la asesora de Menores, Daniela Faerman Cano, para dialogar sobre el tema.
De lo acontecido puede extraerse una conclusión virtuosa, relacionada con los beneficios que trae aparejado el acercamiento entre la Justicia y la sociedad, en este caso la comunidad educativa de un colegio que merece resolver sus conflictos a través del diálogo y la empatía y no a través del Código Penal, inaplicable además en este tipo de situaciones.