Imprescindible que vuelva

Entre 2017 y 2023 se llevó adelante en la Argentina un plan para la reducción del embarazo no intencional en adolescentes –el Plan ENIA- que fue inesperadamente discontinuado cuando Javier Milei asumió la presidencia de la Nación. Ahora hay indicios concretos de que, por vía judicial, pueda ser restituido.

Lo inesperado de la discontinuidad no fue que la nueva gestión de gobierno decidiera realizar ese ajuste de gastos en el ámbito del Estado nacional, sino que lo hiciera suprimiendo un programa que fue realmente muy exitoso, al punto de ser considerado como un ejemplo a seguir por otros países de la región e incluso del mundo.

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El Plan ENIA, que comenzó durante la gestión de Mauricio Macri y continuó con la de Alberto Fernández, logró bajar la tasa de embarazo adolescente no intencional en casi un 50%. Y su aplicación tuvo un bajo costo y logró importantes ahorros en materia de atención de embarazos en esa franja etaria, del orden del 0,16% del PBI. A esta cifra se llega contabilizando los costos ahorrados asociados a la atención de la gestación y el parto de las chicas, y también sumando las contribuciones que el Estado pierde porque las mujeres que tienen hijos a edades tempranas terminan en una proporción menor la escuela secundaria, y en su adultez padecen mayor desempleo, según un estudio llevado a cabo por el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).

Mientras funcionó, el Plan ENIA se aplicó en aquellas jurisdicciones con los indicadores más altos de embarazos adolescentes, casi todas del NOA y NEA: Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja, Salta, Jujuy, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Entre Ríos y provincia de Buenos Aires. Procuraba garantizar los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes, promoviendo la toma de decisiones informadas, el acceso a métodos anticonceptivos y la prevención y abordaje de la violencia sexual y el abuso.

La buena noticia, como se mencionó más arriba, es que la Justicia contenciosa federal admitió un recurso de amparo que había sido presentado por la Defensoría Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes, y por esa razón hay expectativas de que finalmente se haga lugar al pedido. Lo que la Defensoría pide es que la Justicia le ordene al Ministerio de Salud de la Nación la reanudación del plan, con la asignación presupuestaria suficiente para financiar el trabajo de los equipos focales territoriales, los insumos, las capacitaciones y los espacios de consejería.

Es de vital importancia que el amparo finalmente prospere, porque, como expresan los fundamentos de la Defensoría Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes, el desmantelamiento del Plan ENIA implica una afectación grave de los derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes, y les impide acceder a prestaciones de vital importancia que les garantizan evitar embarazos no deseados; enfermedades de transmisión sexual y abusos sexuales.