sábado, 12 de abril de 2025 02:44
Mientras el fiscal Facundo Barros Jorrat continúa avanzando en la investigación por el grave amedrentamiento que sufrieron al menos dos vecinos de la Capital, quienes integraron el jurado popular que el jueves a la tarde dejó “estancado” un juicio popular contra un padrastro por el abuso sexual de una niña, el juez director Marcelo Soria y el fiscal del proceso Miguel Mauvecín denunciaron ayer en la fiscalía general este acto de suma gravedad que atenta contra los procesos populares.
En diálogo con este medio, el juez Marcelo Soria dio detalles del contenido de la denuncia y precisiones sobre el hecho que fue publicado en su edición de ayer por Elesquiu.com.
“En mi carácter de juez director del juicio por jurado que culminó en la noche de ayer –por el jueves- me he presentado hoy en la fiscalía general a fin de denunciar la posible comisión de delitos de acción penal pública en el marco de la realización de ese juicio. La presentación fue a fin de aportar la información recabada por la Oficina de Gestión de Audiencia la que pusimos a disposición de la fiscalía general para que el fiscal, que por distrito corresponda investigue este hecho hasta las últimas consecuencias”. “El Poder Judicial no puede ceder ante comportamientos disvaliosos que quieren poner en tela de juicio precisamente el juicio por jurado, proceso que garantiza la participación de la ciudadanía. Nadie puede estar por encima de la ley, jamás por encima de la ley, al contrario, todos debemos someternos a la ley y no puede ser que haya un grupo de personas que quieran poner en tela de juicio la legitimidad del juicio por jurado, por eso queremos llevarle tranquilidad a los jurados en el ejercicio de la digna función que tienen de juzgar a sus pares”.
En otro momento de la nota, el juez Soria explicó cómo fue que se tomó conocimiento de las amenazas a los jurados: “El secretario de la Oficina de Gestión de Audiencia, el Dr. Sebastián Lípari, fue quien se comunicó conmigo y me informa que un jurado había sido ‘contactado’ por un hermano del imputado, quien la llamó por teléfono y que en dos oportunidades fue a su domicilio.
Inmediatamente como nosotros le habíamos hecho conocer a través de las instrucciones iniciales del juicio por jurado que cualquier novedad, cualquier acto que pueda afectar su seguridad, nos anoticiaran y fue lo que sucedió. Inmediatamente le dimos participación al fiscal de instrucción, quien dispuso las medidas pertinentes en la investigación del caso y nosotros le asignamos consigna permanente a esta señora para resguardar su seguridad personal”.
“Los jurados nos dijeron que estaban tranquilos, les garantizamos su seguridad y les informé que cada uno de ellos podría tener una consigna policial durante el juicio y aún después del juicio para garantizar su seguridad y la tranquilidad de ellos y de su grupo familiar, pero nos dijeron que no lo necesitaban, que estaban bien y el día jueves por la mañana, un jurado también informa que la hija de un testigo que había declarado y que había sido ofrecido por la defensa técnica del imputado, se había contactado con ella.
Le envió un mensaje pidiéndole que beneficie al imputado, inmediatamente ella se comunica con el doctor Lípari y también se adoptaron idénticas medidas”, expresó el magistrado. Agregando: “También existieron otros comportamientos disvaliosos que nosotros consideramos que son delitos y que en su caso lo va a investigar la fiscalía de instrucción, pero que al mismo tiempo también se van a enviar a los organismos oficiales pertinentes para que se investiguen los comportamientos de algunas personas que intervinieron en este juicio por jurado”.
En cuanto a la individualización de las personas que posiblemente habrían realizado estos amedrentamientos a los jurados, Soria manifestó: “En el primer caso sí porque así lo manifestó la jurado, en el otro caso también, pero este es un tema que deberían consultarlo con el fiscal que está llevando adelante esa investigación”.
En cuanto al juicio por jurado propiamente dicho, este diario informó ayer que el mismo quedó “estancado”, indicado el fiscal Mauvecín que mantendrá la acusación de manera tal que inmediatamente mantuvo la privación de la libertad del imputado.
“Quiero enfatizar y poner de relieve que el sistema de justicia penal no puede ser puesto en tela de juicio por unas cuantas personas que quieren estar por encima de la ley. El sistema de juicio por jurados es un gran avance para la provincia, garantiza la participación ciudadana y es la primera vez que esto ocurre y siempre se garantizó la seguridad de los jurados, siempre en todo momento. Esta es la primera vez que ocurre, es una situación excepcional que se ha planteado, pero fundamentalmente llevamos tranquilidad a la ciudadanía que el juicio por jurado va a seguir vigente porque por unos cuantos que quieren violar la ley, no puede desvirtuarse un sistema que garantiza la participación ciudadana”.
Por otra parte, se consultó sobre quién podría haber tenido acceso a la información relacionada a identidades, domicilios y números de teléfono de los jurados participantes, el juez respondió: “Esto es materia de investigación, acabo de denunciar acerca de quiénes tenían, contaban con esa información y quiénes pudieron haber, en su caso, brindado esa información para conocer el domicilio de los jurados, el nombre de los jurados, el distrito de los jurados y la localidad donde vivían los jurados”.
En relación a esta última pregunta, el fiscal Miguel Mauvecín, quien también denunció las amenazas a los jurados dijo que: “La defensa fue la única parte del proceso que solicitó a la organización del juicio la planilla que consigna los datos de los jurados, la que le fue entregada días antes al juicio”.
Al tiempo que se refirió al resultado del proceso: “El juicio quedó ‘estancado’ porque los jurados no pudieron obtener unanimidad para el fallo”, dejando entrever que el resultado pudo haber guardado relación con el grave hecho de las amenazas que sufrieron los jurados.