José Armando Blas, quien secundó a Adhemar Bacchiani en la organización y operatividad de la banda que operaba a través de la financiera Adhemar Capital SRL, será trasladado a Córdoba para ser indagado en el marco de la segunda causa que se tramita en esa provincia contra su jefe y fundador de la SRL, Edgar Adhemar Bacchiani.
Blas está detenido en Catamarca con prisión preventiva domiciliaria y tobillera electrónica, procesado como «coautor de intermediación financiera sin autorización agravada en concurso ideal, con lavado de activos y defraudación, todo en concurso real con asociación ilícita».
El pedido de traslado fue realizado por la fiscal cordobesa Valeria Rissi, titular de la Fiscalía de Instrucción N°27 perteneciente a la Unidad de Investigación de Casos Complejos, y el viernes fue autorizado por el juez federal Miguel Ángel Contreras.
El traslado será realizado por personal de la Agrupación VIII de Gendarmería Nacional, que deberá presentar al sospechoso en el Palacio de Justicia II, de barrio Observatorio, el miércoles 26 a las 7.
Se dispuso además que una vez terminados los actos procesales por los que fue requerido, el sujeto sea trasladado a su domicilio en Catamarca. También se puso en conocimiento al Servicio Penitenciario Provincial, que ejerce el control sobre la tobillera electrónica que Blas tiene instalada por orden del juez Contreras.
Desde su defensa, informaron que presentaron diversos planteos pero fueron rechazados en su totalidad. Señalaron asimismo que confían en que podría resolverse favorablemente la posibilidad de que no viaje a Córdoba y pueda declarar a través de una audiencia por videollamada.
Hay fuerte expectativa por la exposición que pudiera brindar Blas por los fuertes cruces que tuvo con su jefe y porque haciendo uso de sus derechos también podría mantenerse en silencio.
Primera condena
Ante la Justicia de Córdoba y para acceder a un acuerdo y a un juicio abreviado, Bacchiani reconoció que estafó a 50 personas por lo que fue condenado a 9 años de cárcel, que cumplirá en el penal de Miraflores.
Paralelamente, la fiscal que lo envió a juicio, Valeria Rissi, avanzó con otra causa pero esta vez por 60 hechos de estafas reiteradas. Los abogados querellantes confían en que este año o el próximo podría ser sometido a nuevo juicio, a pesar de que no habrá reparación económica para los ahorristas. En caso de que la causa de la Justicia Federal acelere su gestión y llegue a juicio, una eventual condena será acumulativa.
La Justicia cordobesa admitió que nunca antes procesó una causa con las características de Adhemar Capital SRL, en relación con la dimensión del perjuicio ocasionado.
El fiscal de Cámara Gustavo Arocena (de Córdoba), explicó que se llegó a un acuerdo “después de varias conversaciones y de analizar la contundencia de las pruebas. La defensa nos planteó la posibilidad de abreviar este juicio. Convenimos una pena de 10 años de prisión. Y no va a haber resarcimientos como hemos logrado en otros casos, porque habiendo una quiebra no hay posibilidad de recuperar activos”.
Retamozo y Piña
En las últimas horas, el juez Contreras hizo lugar a los recursos de apelación presentados por los querellantes Bruno Jerez y Diego Figueroa, atacando el levantamiento de los embargos preventivos de cuentas bancarias de Lucas Retamozo y una de las ex parejas de Bacchiani, Sofía Piña. Para los querellantes, la medida no corresponde porque repercute directamente sobre las posibilidades de los damnificados de lograr una reparación económica.
Retamozo, que ofició de abogado de la fallida SRL y de defensor de su jefe, está procesado por «partícipe necesario de defraudación e insolvencia fraudulenta, en concurso real, intermediación financiera no autorizada agravada, estafa, lavado de activos, insolvencia fraudulenta y asociación ilícita». Estuvo detenido con prisión preventiva domiciliaria y lo excarcelaron en marzo de 2024 por cuestiones laborales.
Ejerciendo su defensa obtuvo la liberación de sus cuentas personales, aduciendo que es el sostén económico de su familia y que para ejercer la abogacía debe poder facturar.
En el caso de Piña, también abogada y defensora de su causa penal, está procesada por “fraude e insolvencia fraudulenta en concurso real en grado de partícipe necesario”.
El juez levantó el embargo de cuentas que comparte como cotitular con su madre, Silvia Fedelli (quien no está implicada en la causa), y otro familiar.
Los dos recursos de apelación fueron concedidos «en relación y al solo efecto devolutivo», lo que implica que la medida no se suspende: se revisa en alzada o en la cámara de apelaciones pero el levantamiento de las cautelares se mantiene.
Además, las apelaciones deberán ser tramitadas por los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.