Un curioso mensaje dirigido a los «colegas y miembros de la comunidad jurídica» puso a circular el Colegio de Abogados de Catamarca, presidido por Exequiel Moreno, en el que se despegó del voto absolutorio de los dos abogados que integraron el Tribunal de Enjuiciamiento contra el juez de Belén, Miguel Ángel Aybar, y volvieron a reclamar por la mora en el sistema de justicia que afecta «a litigantes y justiciables». La misma actitud tuvo el Colegio cuando se conoció el fallo del último jury, contra el fiscal Laureano Palacios, en el que también los abogados que integraban el Tribunal votaron por la absolución.
«Queremos aclarar una situación que ha generado confusión en nuestra comunidad respecto al proceso de designación de los abogados que conforman el Tribunal de Enjuiciamiento de magistrados judiciales y miembros del Ministerio Público y dejar en claro que el Colegio de Abogados de Catamarca no tiene la facultad de designar a los abogados que integran el Tribunal. La designación de los miembros es responsabilidad exclusiva de la Corte de Justicia», expresaron.
En tal sentido, citaron el artículo nº5 inciso 2 de la ley 4.247, que establece que los abogados del foro a integrar el Tribunal de Enjuiciamiento son nombrados por la Corte de Justicia anualmente de una lista que llevará la Corte a esos efectos, de los abogados de la matrícula que tengan más de diez años de ejercicio de la profesión.
«Además, la conducción actual de nuestra institución ha dejado clara su postura respecto al impacto que la mora judicial ejerce sobre los litigantes y los justiciables. En ese sentido, queremos enfatizar que el Colegio de Abogados no tiene relación con las decisiones tomadas por dos abogados del foro local en la absolución del juez Aybar», remarcaron. En esta oportunidad, los abogados que participaron del Tribunal fueron Federico Pague y Cecilia Martín. Ambos votaron por la absolución de Aybar, al igual que el presidente de la Corte de Justicia, Hernán Martel y el diputado radical Carlos Marsilli.
«Reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y la correcta administración de la justicia y los instamos a consultar directamente las fuentes oficiales para cualquier información relacionada con el Tribunal de Enjuiciamiento», remarcó el Colegio en el comunicado.
Pelea histórica
Como último antecedente, el año pasado el Colegio de Abogados y la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales protagonizaron un debate público sobre la administración de justicia en Catamarca.
Todo comenzó cuando Exequiel Moreno, presidente del Colegio, le pidió a la Justicia «que se ponga las pilas» con la digitalización para facilitar el trabajo de los litigantes y acelerar los procesos. «Si necesitan colaboración y aporte de ideas, el Colegio de Abogados está a disposición. Es un reclamo permanente que tenemos. Tuvo que haber una pandemia para que se aceleraran los tiempos. Los abogados del interior tienen que invertir muchas veces tiempo y dinero para venir a la Capital a ver causas, cuando tranquilamente podrían hacerlo desde un portal de causas digitales», reclamó y aseguró que, en comparación con otras provincias, «estamos 40 años para atrás».
Sin embargo, no fueron estas declaraciones de Moreno las que provocaron el malestar, sino la calificación que hizo sobre los miembros del Poder Judicial, a los que tildó de ser «una casta».
Esto provocó la reacción de la Asociación de Magistrados, en un extensísimo comunicado en el que cuestionaron los dichos, le recriminaron «el desconocimiento de la Constitución» y remarcaron que las declaraciones eran «equivocadas y maliciosas». «Desde nuestra institución sostenemos el trabajo responsable y permanente que prestan todos los jueces y juezas, funcionarios/as y personal del Poder Judicial, tanto en Capital como en el interior. Desconoce la realidad del Poder Judicial tanto en la Primera Circunscripción, como la situación agraviante y agobiante que viven los representantes del Poder Judicial de las circunscripciones del interior, pues lo invitamos a recorrer e interiorizarse sobre el trabajo colapsado, las constantes subrogancias, cuestiones graves que necesitan una respuesta y una solución», apuntaron.n