En una sesión clave, el Concejo Deliberante de la Capital aprobó ayer el marco regulatorio que permitirá el funcionamiento de Uber y otras plataformas digitales de transporte urbano. La medida, largamente discutida en el ámbito social y político, busca dar respuesta a una demanda creciente de los vecinos por servicios más modernos y accesibles, al mismo tiempo que establece reglas claras para garantizar la seguridad, el control municipal y la convivencia con los sistemas de transporte ya existentes.
La ordenanza define a estas aplicaciones como un servicio privado de interés público, por lo que el municipio asumirá el rol de contralor y fiscalizador, sin intervenir en la actividad comercial pero asegurando estándares básicos de seguridad y transparencia.
La normativa exige que tanto empresas como conductores cumplan con requisitos específicos y se registren ante la Administración de Transporte Público y Movilidad.
Entre los puntos centrales, se establece que las empresas deberán constituirse formalmente en la ciudad, presentar documentación societaria, pagar tasas municipales y garantizar que los conductores tengan licencia profesional, seguro vigente y vehículos en condiciones óptimas. Los datos de viajes, recorridos y montos cobrados deberán quedar a disposición del municipio para tareas de control.
Obligaciones
La norma también fija obligaciones estrictas para los choferes: licencia categoría D, antecedentes penales limpios, RTO al día, póliza de seguros especial para transporte de pasajeros y vehículos con una antigüedad máxima de diez años. Además, no podrán trabajar más de ocho horas corridas ni más de doce fraccionadas por día y deberán aceptar únicamente viajes asignados por plataformas habilitadas.
En paralelo, se crea el Registro Municipal de STUP, donde deberán inscribirse todas las personas que presten el servicio, lo que permitirá al municipio identificar, habilitar y fiscalizar la actividad. Las sanciones van desde 50 hasta 600 UM para conductores que incumplan requisitos, y de 300 a 2.000 UM para las empresas.
El proyecto fue impulsado por el interbloque y defendido en comisión bajo el argumento de que la regulación es una “necesidad impostergable” ante la expansión del uso de plataformas digitales. También remarcaron que la incorporación de estas tecnologías mejora la seguridad, reduce la incertidumbre en los viajes y moderniza el sistema de movilidad urbana.
La ordenanza incluye una cláusula transitoria: los conductores tendrán 180 días desde la reglamentación para obtener la licencia profesional exigida, prorrogables por 90 días más.
Con esta aprobación, la Capital da un nuevo paso en la formalización del transporte por aplicaciones, en un contexto donde la demanda vecinal, el debate social y la necesidad de reglas claras venían presionando por una definición. Ahora, será el Ejecutivo municipal quien deba reglamentar y poner en marcha el sistema.