La intervención de la Cámara Federal de Casación Penal para modificar el formato del juicio por la Causa Cuadernos representa un oportuno acto de cordura institucional. Los presidentes de todas las salas convocaron para el próximo martes a los miembros del Tribunal Oral Federal Nº 7 para procurar que las audiencias contra Cristina Fernández de Kirchner y otros 86 imputados se realicen al menos tres veces por semana, de manera presencial y sin suspensión durante la feria judicial de verano.
La decisión de realizar el juicio en forma virtual, por Zoom, con una sola audiencia semanal y sometido al calendario de ferias y feriados, reflejaba una minimización de la trascendencia del proceso. Los cálculos más optimistas estimaban que se extendería durante al menos cuatro años, sin tener en cuenta imponderables que pudieran surgir en tan largo lapso de tiempo.
Situaciones grotescas registradas durante la primera audiencia pusieron en evidencia el despropósito de llevar adelante un juicio de tamaña magnitud como si se tratara de una videoconferencia doméstica. Ya de movida, el presidente del tribunal tuvo que ponerse a impartir instrucciones para que los acusados aparecieran enfocados y se cumpliera el requisito de que estuvieran presentes. Uno de los empresarios involucrados se permitió seguir esta primera jornada desde su cama, en pijama, acompañado y comiendo helado. El ex ministro de Planificación Julio De Vido almorzó ante las cámaras.
Al ritmo de una audiencia por semana, sometido a ferias y feriados, el juicio de los Cuadernos duraría al menos cuatro años. Al ritmo de una audiencia por semana, sometido a ferias y feriados, el juicio de los Cuadernos duraría al menos cuatro años.
Estos incidentes cómicos parecen haber advertido a los niveles superiores del Poder Judicial de que el juicio podía desbarrancarse en más de una oportunidad en la farsa o contaminarse con incidentes que abrieran margen para nulidades o maniobras dilatorias.
No se trata de un proceso cualquiera. Están acusados los dos extremos de un sistema de corrupción con la obra pública que en la etapa kirchnerista parece haber llegado al paroxismo: 24 ex funcionarios estatales y 63 grandes empresarios, sindicados como integrantes de una asociación ilícita que durante años esquilmó al erario mediante coimas, sobreprecios y mecanismos de blanqueo de dinero ilícito.
La Casación ya había considerado inconveniente la modalidad virtual en agosto. Al resolver un recurso del empresario Gabriel Romero, señaló que la virtualidad podría afectar el derecho de defensa y prolongar innecesariamente el proceso. Los jueces Barroetaveña, Petrone y Hornos coincidieron en que la complejidad del caso -con 626 testigos convocados- no debía debilitar las garantías fundamentales de un juicio oral y público.
Ahora, Casación convocó a los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli para el martes de la semana que viene, a los fines de acordar las herramientas necesarias para imprimir «mayor eficacia, eficiencia, celeridad e inmediación» al trámite.
Podría facilitarse la sala AMIA, que está siendo remodelada y tiene capacidad para 200 personas. Allí se realizó, en 2003, el primer juicio oral y público por el atentado a la AMIA, con decenas de acusados, abogados y querellantes. Está equipada con cámaras de televisión, equipos para trasmisión remota, monitores y herramientas para reproducir videos, fotografías y documentos que puedan ser evidencias del juicio.
Conseguido el lugar físico, lo más importante es que se eximiría a los miembros del TOF Nº7 del sorteo de nuevos casos y se los relevaría de las subrogancias que ocupan para que puedan concentrarse en el juicio. Los jueces contemplan la posibilidad de levantar la feria judicial de verano para que el juicio no se detenga en enero.
Como tribunal de Superintendencia, los jueces de casación tienen un límite en lo que puedan indicar. Son los jueces que entienden en el caso los que tienen la decisión final. Sería un reflejo de sensatez institucional que se amolden a las circunstancias históricas.